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El fracaso del encierro como política de prevención




Dicen que las comparaciones son odiosas pero, cuando de estadísticas se trata son necesarias para definir la eficacia de las políticas públicas de los gobiernos. La tabla que ilustra esta nota, compara datos puntuales de la situación epidemiológica por COVID en tres provincias del NEA.

Se cargan los datos de población para mostrar el impacto que tuvo la enfermedad entre los habitantes de cada distrito, porque no son sencillamente números, detrás de cada cifra hay historias, amores y dolor humano en el caso de quienes perdieron a sus familiares o temen por aquellos que están enfermos y son pacientes agudos o de terapia intensiva.

Una lectura de las cifras prueba que en este año y medio de pandemia la enfermedad no respetó fronteras partidarias, en Formosa y Chaco administran gobernadores peronistas, en Corrientes un radical acompañado en la vice por un peronista.

Cabe destacar que las estrategias para enfrentar la enfermedad fueron diferentes, Corrientes y Chaco cumplieron con las restricciones duras de fase 1 hasta julio de 2020, y desde ese mes flexibilizaron y permitieron la reapertura gradual de las actividades comerciales y comunitarias.

El gobierno de Formosa no atacó la pandemia como un problema de salud pública, lo enfrentó como un problema de seguridad y prefirió invertir más en vigilancia de la población con retenes, llenó de policías las calles y los barrios para controlar que se pongan los barbijos o se dedicaron a secuestrar motos porque los conductores carecían de permisos de circulación.

Esas medidas de control draconianas sólo fueron flexibilizadas por orden judicial y hasta se hizo necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor de los devolverles los derechos a los ciudadanos formoseños.

En Corrientes la política de confrontación de la pandemia fue desde una óptica de salud pública, en mayo de 2020 decidió instalar un “Hospital de Campaña” exclusivo para la atención de pacientes COVID, con mil camas de internación y una tanda de 300 camas de Terapia Intensiva con sus respectivos respiradores y una política centralizada de asistencia a los pacientes.

Instalaron numerosos puestos de diagnóstico con hisopado y análisis de PCR en cada uno de los accesos a la provincia, habilitaron un sistema informático para la tramitación de permisos de ingreso sin dificultar el acceso a la provincia a las personas que trabajaban en ella.

Desde diciembre del año pasado la vida comercial de Corrientes y Chaco es prácticamente normal, en casi todas las actividades y se mantienen sólo las restricciones a las actividades de entretenimiento nocturno y hace poco tiempo volvieron las clases presenciales con extremo cuidado. Inclusive el Gobierno de Corrientes extendió las vacaciones de invierno hasta 1 de agosto para superar la ola de frio.

Formosa fue distinta. Hubo un estado marcial y policiaco hasta el último fallo judicial que le prohibió cobrar 5000 pesos por hisopado a quienes intentan ingresar a la provincia y el argumento con el que justificaban esa vocación autoritaria era “cuidar la vida” y evitar los contagios.

Los números de la epidemia hablan a las claras la política de encierro y la persecución a los ciudadanos que se rebelaron contra ella fracasó. Formosa tiene los mismos porcentajes de contagios y el doble de fallecidos por COVID que sus vecinas, en relación a la cantidad de habitantes.




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