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Me dedico a "borrar" información de Internet

Así funcionan las empresas que hacen negocios con el derecho al olvido,cansado de ver cómo cada vez que tecleaba su nombre en Google el buscador le mostraba un par de anuncios publicados años atrás por La Vanguardia sobre una subasta por deudas con la Seguridad Social en la que se había visto implicado, un tema que le quedaba ya muy atrás y que llevaba tiempo resuelto, en 2009 el abogado Mario Costeja decidió mover ficha. Levantó el teléfono, llamó al periódico y pidió que eliminasen las notas. Su razonamiento estaba armado con la lógica robusta del sentido común: las notificaciones eran de 1998 y el embargo al que se referían estaba ya zanjado. Que siguiesen apareciendo entre los primeros resultados en el índice de Google —alegaba Costeja— le mantenía en cierto modo encadenado a aquel antiguo proceso.

Y dañaba su imagen, claro.

A pesar de su argumentario, Costeja pinchó en hueso con su petición. La Vanguardia alegó que el anuncio se había publicado en 1998 por requerimiento del Ministerio de Trabajo y le invitó a que se dirigiera directamente a Google para atajar su problema real: que las notas —recogidas en su día en la versión de papel del periódico, pero que se habían volcado a la web durante la digitalización de la hemeroteca e indexado más tarde en el buscador— apareciesen cuando se googleaba su nombre y apellidos. Lejos de arredrarse, Costeja contactó con la sede española del gigante tecnológico. Allí volvieron a lanzar la pelota a otro campo de juego... uno de Champions League ya: le remitieron a las oficinas centrales de Google Inc., al otro lado del charco, en California.

Decididos a no arrojar la toalla, los abogados de Costeja solicitaron el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Su respuesta llegó en julio de 2010. El organismo emitió una resolución en la que daba carpetazo a la reclamación presentada a La Vanguardia —la AEPD convenía con el diario en que su rechazo a borrar las notas estaba justificado—, pero exigía a Google que “adoptase las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitase el acceso futuro a los mismos”. Con su pronunciamiento, la agencia daba el pistoletazo de salida a un largo y enrevesado proceso judicial que traspasó las fronteras de España y la esfera de lo estrictamente particular para saldarse, en mayo de 2014, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconocía el “derecho al olvido” en Internet.

¿En qué consiste? A grandes rasgos la sentencia emitida por la corte europea deja negro sobre blanco un par de cuestiones clave. Reconoce que el operador es “responsable del procesamiento que hace de los datos personales” recogidos en la web y que los usuarios tienen —como precisa la propia AEPD— el derecho a solicitar, “bajo ciertas condiciones”, que los links a información particular “no figuren en los resultados de una búsqueda en Internet realizada por su nombre”.

EN MAGNET El derecho al olvido existe. Y en Suecia, a Google le va a costar 7 millones de euros incumplirlo

A lo largo de los últimos siete años el marco y los flecos del derecho al olvido se han ido perfilando cada vez más. En 2019, por ejemplo, el TJUE daba la razón a Google frente a la comisión francesa dedicada a la protección de datos (CNIL) y concluía que debe aplicarse únicamente en el ámbito de la Unión Europea. La sentencia se traduce en que un usuario como Costeja, por ejemplo, puede conseguir que sus datos desaparezcan de las búsquedas en las versiones de Google de la UE, pero no de las norteamericanas, asiáticas o de cualquier otro país fuera del marco comunitario.

En su web, el propio buscador especifica que retira las URL de todos los dominios europeos de la búsqueda (Google.es, Google.fr, Google.de…) y utiliza señales de geolocalización para restringir el acceso a la URL desde el país de la persona que solicita el derecho al olvido. Otro avance importante se dio en 2016 con el reglamento sobre tratamiento de datos —(UE 2016/679)—, que define en su artículo 17 el “derecho de supresión” y desgrana de forma pormenorizada aquellas circunstancias en las que un ciudadano puede ejercerlo "sin dilación indebida". A finales de 2020 se daba un paso más y el Tribunal Supremo —a raíz de un caso que implicaba a Microsoft Corporation como gestor de Bing— ampliaba ligeramente el derecho: extendió el desindexado a búsquedas realizadas con los dos apellidos del afectado, no solo a las que se hacen con el nombre completo.

La sentencia del caso Mario Costeja, en 2014, fue determinante para definir el "derecho al olvido"a nivel europeo y avanzar en su regulación. Las compañías del sector apuntan que la demanda de borrado de datos y desindexación se registraba desde años antes

El de Costeja fue un caso clave, tanto por el alcance mediático que logró como por su repercusión en la propia jurisprudencia; pero no es único. Antes y después de la sentencia del TJUE de 2014 que le dio la victoria sobre Google —un caso de David contra Goliat de manual—, un buen número de usuarios españoles iniciaron el proceso para suprimir, modificar o al menos desindexar información personal en Internet. Para hacerles más fácil la travesía por el desierto, desde hace tiempo hay compañías especializadas en ejercer el derecho al olvido y el borrado de datos.

Su demanda, reconoce Manuel Moreno, director de Bórrame.es —compañía que lleva casi dos décadas en el sector— experimenta una tendencia al alza. "Cada año tenemos más peticiones. Nosotros nacimos junto a la evolución de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Empezamos prestando servicios a empresas, pero quedaba una pata coja: el servicio ciudadano. Nos dimos cuenta de que esa legislación que estaba naciendo a nivel europeo y nacional podíamos utilizarla para dar valor al derecho que tienen las personas en relación al tratamiento de su información. Suponíamos que a la gente le iba a interesar y tuvo bastante éxito", comenta. A día de hoy su empresa recibe cada jornada unas dos o tres nuevas peticiones.

Manuel Moreno, director de Bórrame.es

Tanto la necesidad como el propio servicio de borrado ya existían antes de la sentencia del TJUE de 2014, pero fue "el caso Costeja", reconocen desde el sector, el que le dio visibilidad y, sobre todo, cambió el enfoque de los usuarios. "El derecho al olivido es algo que en el sector ya existía. En sí no es más que el derecho de cancelación de información puesto en Internet —anota Moreno—. Que surgiese supuso que los medios lo moviesen y eso se notó sobre todo en que la gente empezó a pedir servicios más concretos. Antes venían y te decían que querían desaparecer de Internet o no aparecer en Google o Facebook. Ahora la gente tiene más conocimientos y te dicen que quieren ejercer su derecho al olvido como tal o que se les desindexe de los buscadores".

El aumento de peticiones lo constata también Samuel Parra, de ePrivacidad, compañía lanzada hace década y media. “Nos dimos cuenta de que había una necesidad en la sociedad: muchas personas tenían problemas con su privacidad o reputación en Internet y no podían solucionarlo por sí mismas”, recuerda. Gracias a ese bagaje la firma vivió el boom que siguió a la sentencia de 2014 en primera fila. “Cuando saltó la noticia de que la Unión Europea reconocía este derecho hubo días concretos en los que tuvimos picos de ochenta o noventa personas que intentaban ejercerlo. Luego se estabilizó y desde entonces nuestro trabajo crece poco a poco, cada año”, añade.


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